sábado, noviembre 23, 2024

Someten a Querella Penal por RD$13,423,537,781.34, sustraídos de los fondos del Plan Familiar de Salud de la Seguridad Social.

AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO

Dichos recursos fueron entregados fraudulentamente en favor de Administradoras de Riesgos de Salud, por gastos ficticios de accidentes de Tránsito, en violación artículo 119 de Ley 87-01.

El Lic Pedro Botello, y el Abogado Surun Hernández, conjuntamente con la Convergencia Nacional ontra el Robo de la Seguridad Social, Inc., la Federación Nacional de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social, (FEDASS), Fundación Primero Justicia, Inc., sometieron Querella Penal por RD$13,423,537,781.34, sustraídos de los fondos del Plan Familiar de Salud de la Seguridad Social, recursos que fueron entregados fraudulentamente en favor de Administradoras de Riesgos de Salud, por gastos ficticios de supuestos accidentes de Tránsito, en violación artículo 119 de Ley 87-01.

Entre los sometidos se encuentra el Tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadhala, Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales; el Contralor General de la Seguridad Social, el Gerente de la Seguridad Social, por la descapitalización de la “cuenta cuidado de la salud de las personas”, en favor de ARS Simag, Mapfre Salud ARS, Primera ARS Humano, ARS Universal, ARS Yunen, ARS Monumental, ARS Futuro, ARS Renacer, Aps ARS, ARS Meta Salud, ARS Reservas, ARS Gma, Administradora de Servicios Médicos Amor y Paz (Asemap) y ARS Plan salud del Banco Central, en cuyas cuentas bancarias fueron ilegalmente depositados los RD$13,423,537,781.34), al tenor de las certificaciones emitidas por la propia Tesorería de la Seguridad Social, anexas a la presente;

Es una fraude escandaloso, que ha costado la salud y la vida de los trabajadores dominicanos, que a pesar de haber pagado su cotización en la TSS, no su Seguro no cubrió sus tratamientos médicos, y al no poderlos costear murieron, todo para enriquecer a los empresarios del Seguro y la Seguridad Social, por lo que el Ministerio Publico debe actuar sin dilación, ante un Crimen de lesa humanidad contra el pueblo Dominicano.

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