viernes, noviembre 1, 2024

Intiman y ponen en mora al excandidato a senador del PRM Wenceslao Ramón Frías por estafa y lavado de activos

AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO

Según una fuente que informó a la redacción de este medio, el excandidato a senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Samaná, Wenceslao Ramón Frías, fue intimado y puesto en mora por presunta estafa y lavado de activos.

De acuerdo a las informaciones suministradas por el delator, el político Wences Frías fue notificado por un Acto de Compra y Venta de inmueble de fecha 15 del mes de Julio del año 2015, notariado por la Dra. Reyna Núñez Batista, correspondiente a la compra de una porción de terreno de 628.86 mt2, dentro de la parcela No. 3784, del distrito catastral No. 07, del municipio de Santa Bárbara, de Samaná, propiedad esta que a la fecha no ha sido entregada a manos del comprador, es decir que el señor Frías continúa ocasionando daños económicos, morales y materiales, por lo que fue puesto en mora mediante un acto para que en el improrrogable plazo de cinco días francos proceda a cumplir con el acto de venta antes mencionado y entregue la referida porción de terreno.

El informante reveló que el acto de intimación en contra de Wenceslao indica que, de no obtemperar al llamado, la parte afectada se verá en la obligación de exigirle a través de la vía judicial correspondiente por constituirse en diferentes ilícitos, los que describen entre ellos: La Estafa Art. 405 del Código Penal Dominicano, “Son reos de estafa y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa. El Enriquecimiento ilícito, Ley 155-17 sobre lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, Artículo 4. – Infracciones penales asociadas al lavado de activos. Incurren en infracción penal asociada al lavado de activos: 9) La persona física que preste su nombre para adquirir activos o bienes producto de una infracción grave, así como de las infracciones tipificadas en esta Ley, será sancionada con una pena de tres a seis años de prisión, y con una multa de cien a doscientos salarios mínimos, y con el decomiso de todos los activos o bienes ilícitos, instrumentos y derechos sobre ellos.

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