AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
Por: Melvin Sena
El ministro de Educación de la República Dominicana, Ángel Hernández, ha generado controversia con sus recientes declaraciones y acciones respecto a la falta de cupos en las escuelas públicas y la inclusión de estudiantes haitianos en el sistema educativo. En un intento por justificar su enfoque, Hernández ha argumentado que el número de estudiantes extranjeros en las aulas estatales, que representa menos del 7%, no es la causa principal de la falta de cupos para los estudiantes dominicanos. Sin embargo, su justificación parece carecer de coherencia y profundiza la percepción de que su accionar es más reactivo que preventivo, poniendo en duda su capacidad de gestión.
Por un lado, el ministro asegura que la inclusión de niños haitianos en el sistema educativo no es un factor determinante en la falta de cupos, y que el verdadero problema radica en la «preferencia» de los padres dominicanos por ciertas escuelas sobre otras. Sin embargo, este argumento ignora la realidad de que miles de estudiantes dominicanos, alrededor de 5,000 según los propios datos del Ministerio, no pudieron acceder a las escuelas públicas este año. En lugar de abordar la raíz del problema, que es la falta de infraestructura y planificación adecuada, el ministro ha optado por un paliativo costoso: pagar colegiaturas en colegios privados para estos estudiantes a través del Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar (PASE).
Este enfoque plantea serias dudas sobre la eficiencia y las prioridades del Ministerio de Educación. Si el gobierno realmente priorizara a los estudiantes dominicanos, no tendría que destinar recursos públicos, hasta 500 dólares por estudiante, para su educación en el sector privado. En cambio, debería centrarse en mejorar y ampliar la capacidad de las escuelas públicas, garantizando que todos los estudiantes dominicanos tengan acceso a una educación de calidad en sus propias comunidades. Este gasto innecesario no solo es un indicativo de mala gestión, sino que también refleja una falta de planificación estratégica a largo plazo.
Además, el ministro Hernández intenta desviar la atención de la verdadera problemática, insistiendo en que las cifras de estudiantes sin cupo son exageradas y que todos tendrán un lugar asegurado para el inicio del año escolar. Sin embargo, la realidad es que la necesidad de recurrir a colegios privados ya es un indicativo de que el sistema público ha fallado en cumplir su misión fundamental: proveer una educación gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, tal como lo estipula la Constitución.
Otro punto preocupante es la respuesta del Ministerio a las críticas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que señala que muchos de los colegios privados que participan en el programa PASE no ofrecen tanda extendida, limitando así el acceso a una educación integral para los estudiantes afectados. En lugar de abordar esta deficiencia, el Ministerio simplemente menciona que «no todos los centros del sector público tienen tanda extendida», lo que no resuelve el problema de fondo y deja a miles de estudiantes sin la posibilidad de recibir la misma calidad educativa que se promete en el sector público.
En conclusión, las justificaciones del ministro Ángel Hernández no solo carecen de lógica, sino que evidencian una mala gestión y falta de visión en el manejo del sistema educativo dominicano. En lugar de gastar recursos en soluciones temporales y caras, el Ministerio de Educación debería centrarse en fortalecer la infraestructura y la capacidad de las escuelas públicas, priorizando a los estudiantes dominicanos y garantizando que todos tengan acceso a una educación de calidad sin necesidad de recurrir al sector privado. La educación es un derecho fundamental que no debe ser negociado ni tratado como un problema secundario; es hora de que el Ministerio lo entienda y actúe en consecuencia.
