AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
El Gobierno español no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que se publiquen de manera «íntegra y verificable» las actas electorales de las votaciones del pasado 28 de julio.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han reafirmado este viernes la posición manifestada «desde el primer momento» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que insiste en reclamar «plena transparencia», al igual que ha señalado el panel de expertos de Naciones Unidas, como «es habitual en todas las democracias».
«En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones», han recalcado desde Exteriores, después de que este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela haya ratificado los resultados de los comicios del 28 de julio que oficialmente dieron la victoria a Nicolás Maduro, aunque la oposición, que publicó las actas en Internet, afirma que fue su candidato, Edmundo González Urrutia, el ganador por un amplio margen.
Además, han reiterado el llamamiento a que se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas.
Y han asegurado que siguen trabajando con los «hermanos latinoamericanos» y los socios europeos «para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela, para que haya una solución política basada en el diálogo y la negociación entre los venezolanos y venezolanas y para que cesen las detenciones y se mantenga la paz social que el país necesita».
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador, lo que ha sido señalado como fraudulento dentro y fuera del país.
La sentencia, con la que concluye de manera «inequívoca e irrestricta» la revisión de las elecciones, se hizo pública 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso.
Tras el fallo, González Urrutia ha instado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a llevar a cabo un proceso de auditoría con observación internacional de los resultados.
